



Las Administraciones Públicas deben evitar que los ciudadanos y empresas soporten cargas administrativas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. Los gestores públicos deben ser conscientes que una prolongación indebida del tiempo dedicado a las obligaciones administrativas nos perjudica a todos y muy especialmente al bienestar de nuestra nación.
Las inversiones en infraestructuras de transporte y el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son dos ejes privilegiados de la lucha por una mayor productividad y a ambos vectores está dedicando el Gobierno fondos presupuestarios y esfuerzos organizativos.
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