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Derecho Urbanístico de Andalucía

de Antonio Jiménez-Blanco
  • Autor: Antonio Jiménez-Blanco
  • N° de páginas: 741
  • isbn: 9788484428411
  • Idioma: español
  • visitas: 3
A. JIMNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ y M. REBOLLO PUIG (Directores), Derecho Urban­stico de Andaluc­a, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2003, 742 p¡ginas.@@--@@@@--@@@@--@@1. El panorama del Derecho urban­stico ha cambiado notablemente a partir de la STC 61/1997, de 20 de marzo, dictada en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del R©gimen Urban­stico y Valoraciones del Suelo, y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley sobre R©gimen del Suelo y Ordenaci³n Urbana (TR92), adoptado en virtud de lo establecido en la Disposici³n final segunda de la Ley citada en primer lugar. @@--@@@@--@@El TC, en esta Sentencia, establece que el Estado no podr¡ dictar normas -ni siquiera de aplicaci³n supletoria- sobre urbanismo, al tratarse de una materia cuya competencia ha sido asumida por las Comunidades Aut³nomas con car¡cter exclusivo; pues, el art. 149.3 de la CE no contiene un t­tulo competencial, y el legislador estatal no puede regular materias si no le est¡n atribuidas espec­ficamente. Sin embargo, s­ puede, el Estado, dictar normas con incidencia sobre el urbanismo al amparo de otros t­tulos competenciales que expresamente le est¡n atribuidos, tales como: "las condiciones b¡sicas que garanticen la igualdad", la "legislaci³n civil", "las bases del r©gimen jur­dico de las Administraciones pºblicas" y el dictado de la "legislaci³n b¡sica sobre protecci³n del medio ambiente", art. 149.1.1ª, 8ª, 18ª y 23ª de la CE, respectivamente; pero, en estos casos, no podr¡ invadir las competencias auton³micas sobre urbanismo toda vez que, si as­ fuera, las normas de este origen en las que se materializara dicha invasi³n devendr­an inconstitucionales.@@--@@@@--@@Con apoyo, b¡sicamente, en los fundamentos expuestos en el p¡rrafo anterior, el TC declara la inconstitucionalidad de un nºmero importante de preceptos del TR92, pues, de una parte, los declarados como de aplicaci³n supletoria y, de otra, los que habiendo sido dictados al amparo de un t­tulo competencial atribuido espec­ficamente al Estado, ©ste se ha extralimitado en el ejercicio de su funci³n legislativa, y, por ende, ha invadido las competencias de las CCAA sobre urbanismo. Pero, adem¡s, el citado Tribunal, en virtud de la interpretaci³n que realiza del art. 149.3 de la CE, declara inconstitucional la Disposici³n derogatoria del TR92 en lo referido a la normativa vigente en esta materia con anterioridad al nacimiento de las CCAA, lo que conlleva la recuperaci³n de la vigencia del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprob³ el Texto Refundido de la Ley sobre R©gimen del Suelo y Ordenaci³n Urbana (TR76), texto, por otra parte, preconstitucional. @@--@@@@--@@Ajust¡ndose a la doctrina establecida en esta Sentencia se dict³ la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre R©gimen del Suelo y Valoraciones (LS98), cuyo articulado, segºn reza en su Disposici³n final ºnica, tiene en parte el car¡cter de condiciones b¡sicas del ejercicio de los derechos y de legislaci³n b¡sica en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de la CE; y, por otro lado, han sido dictados en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado reconocida en el art. 149.1. 4ª, 8ª y 18ª del texto constitucional. A su vez, esta Ley deroga parte de los preceptos que no resultaron afectados por la STC 61/1997, dejando s³lo vigentes los relacionados en la Disposici³n derogatoria ºnica. Finalmente, ha de se±alarse que la LS98 fue objeto de un proceso de inconstitucionalidad resuelto por la STC 164/2001, de 11 de julio, que, sin establecer una nueva doctrina sobre este ¡mbito material, declara la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos y fija el criterio de interpretaci³n de otros.@@--@@@@--@@El TC, en la Sentencia 61/1997, define y delimita las competencias entre el Estado y las CCAA en materia de urbanismo, y en el marco de tales exigencias tiene lugar la LS98, provocando as­ una alteraci³n del sistema de fuentes en este ¡mbito material. En este sentido, primero, la legislaci³n de las CCAA ser¡ de aplicaci³n preferente al tratarse de una competencia exclusiva; segundo, la LS98 y los preceptos vigentes del TR92 ser¡n de directa aplicaci³n en todo el territorio nacional, sin que puedan ser contravenidos por disposiciones auton³micas; y, tercero, el TR76 ser¡ de aplicaci³n con car¡cter supletorio. Esta situaci³n obliga a las CCAA a dictar normas propias en materia de urbanismo, observando, obviamente, las determinaciones establecidas por el TC y el legislador estatal. En este contexto nace en la Comunidad Aut³noma de Andaluc­a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenaci³n Urban­stica de Andaluc­a (LOUA) que, adem¡s de otras disposiciones a las que m¡s adelante se har¡ referencia, constituye la norma vertebradora y que otorga sustantividad al Derecho urban­stico andaluz. @@--@@@@--@@2. El urbanismo fue una de las materias que primeramente asumi³ la Junta de Andaluc­a mediante el Real Decreto 698/1979, de 13 de febrero, en cuyo art. 30 establec­a que "se transfieren a la Junta de Andaluc­a todas las competencias atribuidas a la Administraci³n del Estado por la Ley de R©gimen del Suelo y Ordenaci³n Urbana, Texto Refundido aprobado por Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y por disposiciones reglamentarias y concordantes..."; si bien, el art. 31 contemplaba determinadas particularidades y excepciones a la f³rmula de amplio significado adoptada en el precepto transcrito. Por su parte, el Estatuto de Autonom­a de Andaluc­a -art. 13.8- dota a esta Comunidad Aut³noma de competencia exclusiva en materia de "pol­tica territorial: ordenaci³n del territorio y litoral, urbanismo y vivienda". Andaluc­a, pues, asume desde un principio, con car¡cter exclusivo competencias en materia de urbanismo. @@--@@@@--@@Sin embargo, la acci³n administrativa de la Comunidad aut³noma andaluza en esta materia se ha desarrollado desde su inicio aplicando la legislaci³n estatal. Como con claridad se expone en la exposici³n de motivos de la LOUA, las normas urban­sticas de esta Comunidad se han referido siempre al ¡mbito de lo organizativo y no al de lo sustantivo. Desde este ºltimo punto de vista, la primera norma, y de mayor entidad, que se dicta en Andaluc­a es la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenaci³n del Territorio de la Comunidad Aut³noma de Andaluc­a (en adelante, LOTCA), en cuyo art­culo 2.2 establece como objetivos espec­ficos de la materia que regula: "la articulaci³n territorial interna y con el exterior de la Comunidad Aut³noma" y "la distribuci³n geogr¡fica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo socioecon³mico, las potencialidades existentes en el territorio y la protecci³n de la naturaleza y del patrimonio hist³rico y cultural"; y, a tal efecto, contempla dos figuras de planeamiento, cuales son: el Plan de Ordenaci³n del Territorio de Andaluc­a y los Planes de Ordenaci³n del Territorio de ¡mbito subregional (art. 5). Al dictado de esta Ley, y como consecuencia de la situaci³n creada por la STC 61/1997, seguir­a la Ley 1/1997, de 18 de junio -de un solo art­culo- por la se adoptaban con car¡cter urgente y transitorio disposiciones en materia de r©gimen del suelo y ordenaci³n urbana. Mediante ella se recuperaron como Derecho propio de Andaluc­a los art­culos del TR92 declarados nulos por el TC. Y, por ºltimo, como ya se ha indicado, en el marco de las exigencias establecidas por el TC y de la legislaci³n estatal de aplicaci³n directa con incidencia sobre urbanismo, ha tenido lugar la LOUA, que deroga la citada Ley 1/1997, de 18 de junio.@@--@@@@--@@Asi pues la LOUA y la LOTCA son las normas fundamentales, y m¡s importantes, que constituyen el acta de nacimiento de un Derecho propio del urbanismo y de la planificaci³n territorial en la Comunidad Aut³noma andaluza. Ambas normas regulan ¡mbitos materiales que, aunque responden a conceptos distintos, se proyectan sobre una misma realidad -el suelo- de ah­ que sus regulaciones jur­dicas constituyan un todo integrado. Entre estas dos disposiciones no existe desfase ni contradicci³n, antes al contrario, se complementan, dict¡ndose la primera atendiendo a las exigencias y determinaciones de la segunda. La LOUA es una norma amplia que consta de una exposici³n de motivos pormenorizada, doscientos veintiseis art­culos, seis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposici³n derogatoria y una disposici³n final, y, a su vez, el texto articulado se estructura en ocho t­tulos.@@--@@@@--@@3. En esta obra que ahora comentamos se realiza un estudio pormenorizado, claro y riguroso de la LOUA, sin obviar su ensamblamiento con la LOTCA as­ como con otras disposiciones reguladoras de otros ¡mbitos materiales sectoriales con incidencia y con capacidad de ser incididos por el urbanismo, como es el caso de la legislaci³n medioambiental. Pues, siendo el suelo el soporte f­sico sobre el que se proyecta el urbanismo y la ordenaci³n del territorio, escasos van a ser los sectores materiales de intervenci³n administrativa sobre los que no irradie, en mayor o menor medida, el contenido de esta disciplina. @@--@@@@--@@La obra se estructura en ocho cap­tulos, cuales son: "Disposiciones generales" (primero), "La ordenaci³n urban­stica" (segundo), "El r©gimen urban­stico del suelo" (tercero), "Los instrumentos de intervenci³n del mercado de suelo" (cuarto), "La ejecuci³n del planeamiento" (quinto), "La expropiaci³n forzosa por raz³n de urbanismo" (sexto), "La disciplina urban­stica" (s©ptimo) y "Las infracciones urban­sticas y sanciones" (octavo); elaborados, respectivamente, por los profesores VERA JURADO, VERA JURADO e ILDEFONSO HUERTAS, LPEZ BENTEZ y PIZARRO NEVADO, MARTN VALDIVIA, ARANA GARCA y CUESTA REVILLA, JIMNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, CASTILLO BLANCO, y REBOLLO PUIG. En cada cap­tulo se aborda el estudio de un T­tulo de la Ley, por el mismo orden e, incluso, adoptando en la mayor­a de los casos la misma rotulaci³n, y, aun cuando la Exposici³n de motivos y las Disposiciones transitorias, derogatoria y final no son objeto de tratamiento independiente, su an¡lisis se realiza de forma exhaustiva en aquellos cap­tulos m¡s relacionados con su contenido. Los criterios de integraci³n, relaci³n e interconexi³n presiden la elaboraci³n de este trabajo, pues, en el estudio de cada t­tulo se traen a colaci³n preceptos y contenidos de otros que guardan relaci³n con aqu©l y, por ende, lo complementan.@@--@@@@--@@La LOUA es una norma reciente, amplia y de car¡cter sustantivo. Estas circunstancias conllevan que los tribunales de justicia y la doctrina cient­fica, inevitablemente, no se hayan pronunciado sobre aquellos extremos menos claros y m¡s controvertidos; y, de igual modo, que la Administraci³n pºblica competente no haya establecido criterios interpretativos en relaci³n con sus contenidos m¡s problem¡ticos. En este contexto, el presente trabajo adquiere una significaci³n especial, pues, en ©l, se realiza un tratamiento y estudio de la Ley trabado con la Jurisprudencia m¡s relevante y se±era sobre los institutos b¡sicos del Derecho urban­stico, otorgando, as­, contenido a aquellas lagunas de interpretaci³n difusa, y, diagnosticando, en todo caso, sus determinaciones menos expl­citas.@@--@@@@--@@Si tenemos en cuenta, como ya se ha dicho en l­neas anteriores, que en el Derecho urban­stico, en el sentido m¡s amplio de la disciplina, concurren normas de origen auton³mico y estatal, es importante se±alar que en esta obra, cuando se analizan los distintos t­tulos de la LOUA, la sistem¡tica que se sigue es la de tratar, cuando procede, aquellas normas del Estado que complementan su r©gimen jur­dico; y, en este sentido, cuando se aborda una determinada instituci³n de esta compleja rama del Derecho pºblico, se cuida especialmente el ensamblaje, la integraci³n y la armonizaci³n de las prescripciones de las normas de uno y otro origen. Del mismo modo, es relevante resaltar c³mo a lo largo de la misma se realizan oportunas referencias a otras leyes urban­sticas auton³micas, dando cuenta, de esta manera, de puntuales y enriquecedoras comparaciones entre la regulaci³n andaluza de esta materia y la llevada a cabo en otras Comunidades Aut³nomas.@@--@@@@--@@En definitiva, los autores, un granado y cualificado grupo de profesores de Derecho Administrativo de cuatro Universidades andaluzas, han elaborando una obra de cabecera para el profesional y estudioso del Derecho urban­stico y, tambi©n, para quienes deseen iniciarse en esta disciplina, contribuyendo y ahondando, con ello, en el estudio del Derecho propio de dicha Comunidad Aut³noma. Pues m¡s que unos comentarios a la LOUA, como reza en el subt­tulo, han elaborado un aut©ntico Derecho Urban­stico de Andaluc­a.@@--@@@@--@@@@--@@Jos© PREZ MARTOSDoctor en Derecho
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