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Derecho Ambiental de la Unión Europea

de Carmen Plaza Martín
  • Autor: Carmen Plaza Martín
  • N° de páginas: 1286
  • isbn: 9788484564737
  • Idioma: español
  • visitas: 11
Prologo: Tomás-Ramón Fernández Abreviaturas Introducción PARTE I cuestiones generales sobre el Derecho Ambiental de la Unión Europea CAP?TULO I Introducción al Derecho ambiental de la Unión y a su ejecución en los Estados miembros 1. El Derecho ambiental en la Unión Europea: del Tratado de la Comunidad Económica Europea a la Constitución Europea 1.1. Los primeros pasos 1.2. El Acta ?nica Europea y la inclusión en el Tratado de la Comunidad Económica Europea de la acción en materia de medio ambiente 1.3. El Tratado de Maastricht y la Política de Medio Ambiente 1.4. Del Tratado de Amsterdam al Tratado de Niza 1.5. Los retos actuales de la Unión: la quinta ampliación de la Unión Europea y la adopción del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 1.6. ¿La historia de un éxito? 2. La dimensión económica y social del Derecho ambiental comunitario: ¿hacia un “Desarrollo Sostenible”? 3. Sobre el déficit de ejecución del Derecho ambiental comunitario en los Estados miembros 3.1. La progresiva toma de conciencia en la Comunidad del problema 3.2. Criterios para su análisis 4. Factores que condicionan la ejecución y eficacia del Derecho ambiental comunitario 4.1. Las características del Derecho comunitario 4.2. La complejidad de los problemas ambientales y la articulación del Derecho ambiental como normativa de prevención de riesgos 4.3. La configuración del medio ambiente como objeto de protección jurídica: sobre el “interés general” y los “derechos” o “intereses” de los particulares a un medio ambiente de calidad 4.4. Obstáculos de índole procedimental en la tutela ambiental 4.5. Novedad y desorden en el Derecho ambiental CAPITULO II La distribución de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros. Los principios que rigen la acción de la Comunidad y su Política ambiental 1. La distribución de funciones y competencias entre la Comunidad (Unión Europea) y los Estados miembros en materia de medio ambiente 1.1. La distribución de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros y los principios que rigen su ejercicio. La distribución de competencias entre la Unión y los Estados miembros en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 1.2. Creación normativa: el papel determinante de la Comunidad 1.3. Ejecución: el papel preponderante de los Estados miembros y los supuestos de ejecución por la Comunidad 1.4. El control de la ejecución: un sistema dual 2. Los principios que rigen con carácter general el ejercicio de las competencias de la comunidad: subsidiariedad y proporcionalidad 2.1. Alcance y aplicación del principio de subsidiariedad 2.1.1. Su ámbito de actuación y los criterios para su aplicación: los problemas que suscita en materia de medio ambiente 2.1.2. El control de su aplicación 2.2. El principio de proporcionalidad como criterio de intensidad de la acción comunitaria 2.3. Subsidiariedad y proporcionalidad en la Política ambiental comunitaria 2.4. Incidencia de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el proceso de ejecución del Derecho ambiental comunitario 3. Los principios que rigen la política y acción comunitaria de medio ambiente: su operatividad jurídica 3.1. El principio de cautela 3.2. El principio de prevención 3.3. El principio de corrección de los atentados al medio ambiente “preferentemente en la fuente misma” 3.4. El principio de “quien contamina paga” 3.5. El principio de integración: su actual configuración como principio general del Derecho comunitario PARTE II La adopción del Derecho ambiental derivado: Las bases, los procedimientos y los instrumentos CAPITULO III Las bases jurídicas en la adopción del Derecho ambiental derivado 1. Introducción 2. La cuestión de las bases jurídicas hasta el Acta Unica Europea 3. La elección de las bases jurídicas desde el Acta Unica Europea al Tratado de Maastricht 4. La elección de las bases jurídicas desde el Tratado de Maastricht al Tratado de Amsterdam 5. La situación tras los Tratados de Amsterdam y Niza. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 6. Repercusiones de la multiplicidad de las bases jurídicas en la calidad de la normativa ambiental comunitaria CAPITULO IV El proceso de adopción del Derecho ambiental derivado 1. Introducción 2. El papel de la Comisión Europea en la adopción del Derecho ambiental derivado 2.1. El poder de iniciativa 2.2. El origen de las propuestas 2.3. Organización, funcionamiento y medios de la Comisión 2.3.1. Cuestiones generales sobre su organización 2.3.2. La DG de Medio Ambiente, la coordinación y las evaluaciones de impacto de las propuestas 2.3.3. Los medios 2.4. La adopción y presentación de la propuesta 2.5. La adopción por la Comisión del Derecho terciario 3. Los procedimientos de toma de decisión y el diálogo institucional en la adopción del Derecho ambiental derivado 3.1. Consideraciones preliminares 3.2. La dinámica de negociación y votación en el seno Consejo. El papel de la cooperación reforzada 3.3. Los distintos procedimientos de toma de decisión en la Comunidad y el diálogo insterinstitucional 3.3.1. El procedimiento consultivo 3.3.2. El procedimiento de cooperación 3.3.3. El procedimiento de codecisión. 3.4. Los “procedimiento legislativos” según la Constitución para Europa 4. Sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria CAPITULO V Información y participación en el proceso de adopción del derecho ambiental derivado 1. Introducción 2. El acceso a la información como premisa para la participación 3. La participación de distintos agentes públicos y privados en la elaboración de las propuestas de la Comisión 3.1. La importancia de la participación en las propuestas de la Comisión 3.2. La participación de los Estados miembros y de las regiones 3.3. Consulta y participación del público y de los grupos de interés 3.3.1. Fundamentos 3.3.2. Las vías tradicionales: la participación orgánica a través del Comité Económico y Social, y la participación informal 3.3.3. Las nuevas vías de participación 3.3.4. ¿Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo? 4. Transparencia y participación pública en el seno del Consejo y del Parlamento durante la adopción del Derecho ambiental derivado 4.1. Los problemas de transparencia en el seno del Consejo 4.2. La participación de las autoridades regionales y locales en la formación de la voluntad del Consejo 4.3. La participación de los grupos de interés en la formación de la voluntad del Consejo 4.4. La participación de los grupos de interés en la formación de la opinión del Parlamento 5. La Convención de Aarhus: implicaciones en el proceso de toma de decisiones ambientales de la Unión 5.1.Introducción a la Convención sobre acceso a la información, participación del público y acceso a la justicia en asuntos ambientales 5.2. El acceso a la “información ambiental” en la Convención: implicaciones en el acceso a la información en poder de las instituciones comunitarias 5.3. La participación pública durante la preparación de normas y programas 5.4. La tutela judicial del derecho de acceso a la información y de la participación pública: el papel del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas CAPITULO VI Las fuentes del Derecho ambiental derivado 1. Introducción: Consideraciones generales sobre el sistema de fuentes del Derecho comunitario 2. Instrumentos vinculantes típicos del Derecho comunitario derivado: su uso en el marco de la Política ambiental comunitaria 2.1. La directiva y el reglamento en el Derecho ambiental comunitario 2.1.1. La contradictoria práctica de las directivas ambientales detalladas o “tipo reglamento” 2.1.2. La opción directiva-reglamento a la luz del principio de proporcionalidad 2.2. La decisión: especial referencia a su relación con los Programas de medio ambiente 3. Instrumentos jurídicos no vinculantes: su uso en la Política ambiental comunitaria 4. Las decisiones marco del Tercer Pilar del Tratado de la Unión Europea (Cooperación policial y judicial en materia penal) 5. El sistema de fuentes en la Constitución para Europa 6. Los “acuerdos o convenios ambientales” con la industria: su interacción con los instrumentos normativos de la Comunidad 6.1. La vía convencional: su irrupción en la política ambiental comunitaria como alternativa a la regulación unilateral 6.2. La práctica comunitaria 6.3. Su interacción con los instrumentos normativos de la Comunidad CAP?TULO VII La elección del nivel de protección y los factores a tener en cuenta por el Legislador comunitario 1. Introducción 2. El objetivo de un nivel de protección elevado 3. Factores que ha de considerar el Legislador comunitario 3.1. El contenido científico y técnico de la propuesta. El papel de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la I+D comunitaria 3.1.1. El papel de la Agencia Europea del Medio Ambiente 3.1.2. El fomento de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico a escala comunitaria 3.2. Las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad 3.3. Las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción 3.4. El desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones CAPITULO VIII Tipos de normas al servicio de la Política ambiental comunitaria y de la Unión 1. Introducción 2. Normas sustantivas de naturaleza preventiva y sectorial 3. Disposiciones sobre planificación y programación ambiental 4. Normas horizontales de carácter procedimental 4.1. La experiencia antes del Quinto Programa 4.1.1. Evaluación de Impacto Ambiental: La Directiva 85/337/CEE de Evaluación de Impacto Ambiental 4.1.2. Acceso a la información: la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente y la 91/692/CEE sobre normalización y la racionalización de informes 4.2. Su impulso en el marco del Quinto Programa 4.2.1. Acceso a la información y participación pública 4.2.2. La evaluación ambiental estratégica 4.3. Las primeras disposiciones e iniciativas sobre acceso a la justicia 4.4. La Convención de Aarhus y las nuevas directivas comunitarias sobre acceso a la información, participación pública, y acceso a la justicia en materia de medio ambiente 4.4.1. La nueva Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental 4.4.2. Participación pública i. Las disposiciones de la Convención sobre participación pública ii. La Directiva 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en determinados planes y programas 4.4.3. Disposiciones sobre acceso a la justicia i. Las disposiciones de la Convención sobre acceso a la justicia ii. Las disposiciones sobre acceso a la justicia de la Directiva 2003/35/CE sobre participación del público en la elaboración de planes y programas iii. Las disposiciones sobre acceso a la justicia de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medio ambiental iv. La adopción de una directiva general sobre acceso a la justicia en materia de medio ambiente 5. Normas que regulan instrumentos económicos y de mercado 5.1. Medidas fiscales 5.2. Ecoetiqueta y ecoauditoria 5.2. Instrumentos financieros 5.3. Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión 5.4. LIFE: un instrumento financiero para el medio ambiente 5.5. El Derecho comunitario y las ayudas nacionales para la protección del medio ambiente 5.6. Responsabilidad ambiental 5.7. El comercio de derechos de emisión de gases contaminantes 6. Normas para el control y represión de las infracciones 6.1. Las sanciones en Derecho ambiental comunitario 6.1.1. La carencia inicial de disposiciones sancionadoras en el Derecho ambiental comunitario y su evolución 6.1.2. Iniciativas de la Unión para la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal 6.1.3. ¿Hacia la armonización de las sanciones administrativas? 6.2. La inspección ambiental 6.2.1. Inspección centralizada en instituciones u órganos comunitarios 6.2.2. Inspección descentralizada 6.2.3. Cooperación Intergubernamental: IMPEL PARTE III La ejecución del Derecho ambiental Comunitario por los Estados miembros CAPITULO IX Cuestiones generales sobre la ejecución del Derecho ambiental comunitario por los Estados miembros 1. Los principios que presiden la ejecución por los Estados miembros 2. Algunas precisiones sobre la obligación de proceder a la ejecución normativa del Derecho ambiental comunitario (y de la Unión) 2.1. La influencia de la naturaleza de las disposiciones comunitarias (o de la Unión) 2.1.1. La necesidad de ejecución normativa de las directivas (o de las leyes marco europeas): la regla y las excepciones 2.1.2. La necesidad de ejecución normativa del Reglamento (o de la ley europea) 2.2. La influencia del contenido de las disposiciones comunitarias 2.3. La influencia del estado del Derecho interno 3. La obligación de ejecución práctica y la consecución de los resultados prescritos por las Directivas 3.1. La obligación de resultados y su alcance 3.2. Sobre la imposibilidad material absoluta de alcanzar los resultados de una directiva ambiental 3.3. La discrepancia de una situación de hecho con los objetivos de una directiva: el asunto San Rocco 4. La obligación de comunicar a la Comisión las medidas de ejecución 5. El factor tiempo en la ejecución del Derecho ambiental de la Unión 5.1. Plazo de entrada en vigor, plazo de ejecución normativa y plazo para la consecución de los resultados exigidos por el Derecho ambiental derivado 5.2. Obligaciones de hacer de los Estados miembros durante el plazo de ejecución de las directivas 5.3. Obligaciones de no hacer o de abstención durante el plazo de ejecución de las directivas 6. Los incumplimientos por los Estados miembros del Derecho ambiental comunitario CAPITULO X La obligación de una ejecución puntual (I): el papel del legislador y del ejecutivo nacional en la ejecución normativa; el caso de los Estados descentralizados 1. El incumplimiento por los Estados miembros de los plazos de ejecución y sus causas 2. Ejecución normativa por el Parlamento y ejecución normativa por el Gobierno. Especial referencia al ordenamiento jurídico español 2.1. La adaptación del ordenamiento jurídico español a las directivas ambientales comunitarias con motivo de la entrada de España en la Comunidad 2.2. El papel del Parlamento y del Ejecutivo ante la obligación de tipificar sanciones medioambientales en ejecución del Derecho de la Unión. 2.3. La ejecución normativa del Derecho ambiental comunitario por el Ejecutivo y sus retrasos 3. Ejecución en Estados miembros de estructura descentralizada 3.1. ¿Un terreno abonado para incumplir los plazos de ejecución del Derecho ambiental comunitario? 3.2. El reparto de competencias en España entre el Estado y las Comunidades Autónomas y la ejecución normativa del Derecho ambiental comunitario 3.3. El papel del Estado como garante del cumplimiento del Derecho comunitario y de la Unión CAPITULO XI La obligación de una ejecución puntual (II): los retrasos e infracciones del Estado español 1. Los incumplimientos en el Estado español analizados través de las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 2. Primera etapa 2.1. El asunto C-355/90 “Marismas de Santoña” y la obligación de designar y proteger las Zonas de Especial Protección para las Aves 2.2. El asunto C-268/93 sobre la Directiva sobre prácticas de laboratorio 2.3. El asunto C-107/96 sobre la Directiva marco de residuos 3. Segunda etapa 3.1. Los asuntos C-92/96 y C-278/01 sobre la Directiva de Aguas de baño 3.2. El asunto C-298/97 sobre la Directiva de pilas y baterías usadas 3.3. Los asuntos C-71/97 y C-274/1998 sobre la Directiva relativa a la contaminación de las aguas por nitratos 3.4. El asunto C-214/96 sobre la Directiva relativa a los vertidos de sustancias peligrosas al medio acuático 3.5. El asunto C-417/99 sobre la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente 3.6. El asunto C-29/01 sobre la Directiva relativa a la prevención y control integrado de la contaminación 3.7. El asunto C-47/01 sobre la Directiva PCB 3.8. El asunto C-474/99 sobre la Directiva de evaluación de Impacto ambiental 3.9. El asunto 139/00 sobre la Directiva de incineradoras 3.10. El asunto C-29/02 sobre la Directiva de aguas destinadas al consumo humano 3.11. El asunto C-333/01 sobre las Directivas relativas a los organismos genéticamente modificados 3.12. El asunto C-419/01 sobre la Directiva de aguas residuales 3.13. El asunto C-446/01 sobre vertederos ilegales y la Directiva marco de residuos 4. Consideraciones finales: la responsabilidad del Estado y de las Comunidades Autónomas por los incumplimientos de las directivas ambientales comunitarias CAPITULO XII La correcta ejecución normativa (I): El principio de seguridad jurídica y los límites formales la discrecionalidad de los Estados miembros 1. Introducción 2. “Aplicación de hecho” y “aplicación de Derecho”: sobre el principio de seguridad jurídica y las exigencias que impone a la correcta ejecución normativa de las directivas comunitarias 3. Las directivas ambientales como fuente de derechos y obligaciones para los particulares; su repercusión en la correcta ejecución normativa en los Estados miembros 3.1. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia 3.2. El alcance del concepto de “derecho” utilizado por el Tribunal de Justicia 4. Limitaciones formales derivadas del principio de seguridad jurídica 4.1. Limitaciones en la elección del instrumento jurídico para ejecutar las directivas 4.1.1. Sobre el principio de equivalencia o paralelismo de normas 4.1.2. La insuficiencia de las medidas meramente programáticas y de las prácticas administrativas: la exigencia de disposiciones de carácter vinculante 4.1.3. Las limitaciones de las circulares administrativas como instrumento de transposición de las directivas ambientales 4.1.4. El papel de la jurisprudencia nacional 4.1.5. Los convenios o acuerdos ambientales entre las Administraciones públicas nacionales y determinados sectores industriales (remisión) 4.2. Limitaciones en la forma en que se pueden articular y configurar las normas de ejecución 4.2.1. Ejecución a través de un contexto jurídico o de normativa preexistente: la exigencia de un especial rigor en la transposición de las directivas ambientales 4.2.2. Transparencia: los efectos de la llamada “cláusula de interconexión” 4.2.3. Ejecución normativa a través de diversas fases e instrumentos normativos 4.2.4. El uso en el Derecho interno de remisiones a las disposiciones comunitarias 4.3. Limitaciones en la forma de redacción impuestas por las exigencias de precisión y claridad 4.3.1. Sobre la transposición “literal” de las directivas a una norma nacional 4.3.2. El rigor exigido por el Tribunal de Justicia en la transposición de las disposiciones de directivas que imponen prohibiciones 4.3.3. El rigor exigido por el Tribunal de Justicia en la transposición de las disposiciones de directivas que obligan a establecer un régimen de autorización; la cuestión del uso del silencio administrativo por los Estados miembros 4.3.4. El rigor exigido por el Tribunal de Justicia en la transposición de disposiciones que permiten excepciones al régimen general de protección establecido en una directiva 4.3.5. Algunas consideraciones adicionales sobre el grado de precisión exigido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a las disposiciones nacionales 4.3.6. Un ejemplo de las repercusiones de esta jurisprudencia en la normativa española: la legislación básica sobre protección de la naturaleza. i. La Ley 4/89 y la Directiva “Aves” ii. El Real Decreto 1997/1995 y la Directiva “Hábitats” CAPITULO XIII La correcta ejecución normativa (II): Exigencias y límites sustantivos a la discrecionalidad de los Estados miembros 1. Correspondencia material entre las disposiciones comunitarias y las disposiciones nacionales. El problema de los conceptos jurídicos indeterminados 1.1. Los conceptos jurídicos indeterminados de las directivas y el control que ejerce el Tribunal de Justicia en su correcta ejecución normativa por los Estados miembros 1.2. Las disposiciones ambiguas de las directivas y el control que ejerce el Tribunal en su correcta ejecución normativa por los Estados miembros 2. La transposición “completa” de las directivas: las disposiciones de las directivas que no precisan de ejecución normativa 2.1. Las disposiciones que necesitan y las que no precisan de ejección normativa en los ordenamientos internos 2.2. El caso de las disposiciones que crean obligaciones entre los Estados miembros y la Comunidad 2.3. El caso de las disposiciones que regulan determinadas relaciones y obligaciones entre los Estados miembros 3. El respeto al conjunto del ordenamiento comunitario 3.1. El respeto a las disposiciones del Tratado: especial referencia a las disposiciones sobre el mercado interior 3.2. El respeto a los principios generales del Derecho comunitario: especial referencia al principio de proporcionalidad como límite a las medidas de ejecución de los Estados miembros 3.3. El respeto a los principios de la política ambiental comunitaria 4. La concreción de los “derechos” que las directivas ambientales tienen por objeto otorgar a los particulares y su tutela 5. La obligación de tipificar medidas de sanción adecuadas para prevenir y reprimir los incumplimientos 6. La obligación de establecer disposiciones de inspección y control CAPITULO XIV Otros instrumentos de ejecución formal de las Directivas ambientales: Los acuerdos o convenios ambientales y los planes y programas 1. Introducción 2. Los convenios o acuerdos ambientales entre las Administraciones públicas nacionales y determinados sectores industriales 2.1. Sobre la utilización de los acuerdos ambientales en los Estados miembros 2.2. La vía convencional como medio de ejecución de las directivas comunitarias: Breve referencia a los antecedentes en el ámbito de la Política Social 2.3. Las pautas ofrecidas por la Comisión en relación con los acuerdos ambientales como vía para ejecutar las directivas 2.4. Las incertidumbres que perviven en torno a la utilización de los acuerdos ambientales como medio para ejecutar las directivas 3. La adopción de medidas de programación y planificación ambiental 3.1. Sobre la obligación de planificar o programar impuestos por las directivas comunitarias 3.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el alcance de esta obligación y su cumplimiento por los Estados miembros 3.2.1. El contenido mínimo de un plan o programa 3.2.2. La especialización de los planes y programas 3.2.3. El carácter inexcusable de la obligación de adoptar planes y programas 3.2.2. El control de la idoneidad, de la sistemática y de la coherencia de las medidas que han de componer el plan o programa 3.3. El problema de la habilitación de los medios materiales necesarios para ejecutar los planes o programas Parte IV El control de la ejecución del Derecho ambiental comunitario CAPITULO XV El control por la Comunidad de la ejecución del Derecho ambiental 1. El recurso de incumplimiento: cuestiones generales 1.1. Noción y tipos de incumplimientos; las autoridades que pueden protagonizarlos 1.2. Estructura y desarrollo del procedimiento 1.3. La sentencia del Tribunal de Justicia y sus efectos 1.4. La discrecionalidad de la Comisión en el marco del procedimiento de incumplimiento 1.5. La naturaleza objetiva del recurso y los factores que pueden justificar un incumplimiento 2. La ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia 2.1. La situación antes del Tratado de Maastricht 2.2. La imposición de multas a los Estados miembros conforme al art. 228.2 Tratado CE: cuestiones por resolver 2.3. Su regulación en la Constitución Europea 3. El uso del recurso de incumplimiento en el sector de medio ambiente 3.1. La tramitación de procedimientos de infracción por la Comisión 3.2. Las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas conforme al art. 228.2 TCE 3.2.1. El asunto C-387/97, Comisión c. Grecia 3.2.2. El asunto C-278/01, Comisión c. España 3.3. Valoración 4. Las limitaciones del recurso de incumplimiento en el control de la ejecución del Derecho ambiental comunitario 4.1. La falta de transparencia de la Comisión en el uso que hace de su discrecionalidad 4.2. La lentitud del procedimiento y las dificultades para adoptar medidas cautelares 4.3. Las problemas que plantea el control de los distintos tipos de incumplimientos 4.3.1. El control de la ejecución formal del Derecho ambiental comunitario i. El control de la adopción de las medidas de ejecución: la obligación de comunicar ii. El control de la correcta y completa ejecución formal de las disposiciones comunitarias 4.3.2. El control de la ejecución en la práctica: dificultades en la detección, seguimiento y prueba; el sistema de quejas de los ciudadanos a la Comisión 4.3.3. El control comunitario sobre el funcionamiento de los sistemas de inspección y sanción nacionales 4.3.4. El control sobre el margen de discrecionalidad y sobre la autonomía de que gozan los Estados miembros a la hora de concretar y tutelar los “derechos” que las directivas ambientales tienen por objeto conferir a los particulares 5. Mecanismos informales para resolver los incumplimientos 6. Mecanismos de control preventivo: la cooperación y participación de la Comisión en los procesos de ejecución normativa de los Estados miembros 6.1. Mecanismos informales de carácter preventivo 6.2. Mecanismos formales: el caso de la Directiva de Envases CAPITULO XVI El control por los tribunales nacionales 1. Introducción 2. El papel de los jueces nacionales y la cooperación con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 3. Los principios que rigen la relación entre el Derecho comunitario y su contribución al control de la ejecución de las directivas ambientales 3.1. El principio de primacía del Derecho comunitario 3.2. La eficacia directa del Derecho comunitario 3.2.1. El reconocimiento de la eficacia directa del Derecho comunitario: el efecto directo de las disposiciones del Tratado; requisitos y alcance 3.2.2. La eficacia directa de las directivas comunitarias i. Sus fundamentos ii. La eficacia directa de las disposiciones que definen “derechos subjetivos” y la eficacia “revisora o reaccional” de las directivas ambientales. Su reconocimiento por el Tribunal Supremo español iii. La negación del «efecto directo horizontal» y del «efecto vertical inverso» iv. La eficacia directa en el marco de relaciones triangulares: el “efecto horizontal reflejo” de las directivas ambientales v. Un supuesto especial: de CIA Security Internacional a Eco-Emballages SA vi. La relevancia del plazo de transposición 3.3. Eficacia interpretativa: El principio de interpretación concurrente del Derecho nacional con el Derecho comunitario 3.4. Eficacia reparadora: El principio de la responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho comunitario 4. Apunte final sobre la tutela judicial efectiva de los derechos o intereses ambientales emanados del Derecho comunitario BIBLIOGRAFIA OTRAS FUENTES: Documentos de la Unión Europea, de Organizaciones Internacionales y de los Estados Miembros
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