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Los poderes probatorios de los órganos judiciales en el actual panorama procesal civil

de Eva Isabel Sanjurjo Ríos
  • Autor: Eva Isabel Sanjurjo Ríos
  • N° de páginas: 102
  • Tamaño: 210x150
  • Formato: Tapa dura
  • isbn: 9788497735551
  • Idioma: español
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EL JUEZ Y SU FUNCIN JURISDICCIONAL EN EL MARCO DEL PROCESO CIVIL Una sociedad moderna y desarrollada como es la que impera en nuestro pa­s est¡ marcada por la celebraci³n de innumerables relaciones jur­dicas entre los miembros que la integran, ya sean de naturaleza comercial o de otro tipo, a partir de las cuales pueden originarse todo un elenco de derechos y cargas para los sujetos que en ellas intervienen o se ven afectados por las mismas, con arreglo a lo derivado de la producci³n normativa que las regula1. Desde el punto de vista jur­dico, y particularmente, desde el procesal, ningºn concreto problema existir­a si cada uno de los sujetos que hubieran intervenido en una u otra relaci³n fueran ©ticamente responsables y asumieran siempre con rigor cada una de las cargas y deberes originados como fruto de las relaciones sustanciadas, sin resultar preciso, en consecuencia, ser apercibido por la otra parte o por cualquier otro sujeto para llevar a t©rmino a lo que se hubiera comprometido en algºn momento dado. Sin embargo, la situaci³n descrita en el p¡rrafo anterior no se acomoda a la realidad, sino que s³lo representa un mito, o por lo menos, s­ parece ser la descripci³n de una sociedad id­lica. Ya que no es poco frecuente la situaci³n por la cual las partes rehºsan cumplir con las obligaciones asumidas2, con indiferencia del modo en el que aqu©llas se hubieran originado, deriv¡ndose indefectiblemente el nacimiento de un conflicto3, que MONTORO BALLESTEROS lo identifica como un fen³meno ordinario de la vida humana que halla su ra­z antropol³gica m¡s profunda en la naturaleza desfalleciente del hombre4. La evidencia de esta comºn realidad hace que resulte preceptivo que en nuestro ordenamiento jur­dico, adem¡s de la precisa aprobaci³n y publicaci³n de normas jur­dicas de car¡cter material o sustantivo que reglen el modo correcto de celebrarse determinadas relaciones jur­dicas, existan otras mediante las cuales se establezcan mecanismos v¡lidos y perfectamente reglados que sirvan de instrumento para poner t©rmino de modo pac­fico a los conflictos jur­dicos surgidos entre los sujetos cuando surgen desavenencias entre ellos. Y, en definitiva, resulten ºtiles para lograr la preservaci³n de los derechos all­ adquiridos o para denunciar el incumplimiento de las obligaciones asumidas. Pues bien, no se trata de poner ahora de relieve cada uno de los instrumentos existentes como m©todos ºtiles para la finalizaci³n de los conflictos, sino que en este caso solamente nos ha de preocupar el modo de erradicar las diferentes contiendas planteadas entre los sujetos, cuando se materializa a trav©s de la existencia de la instituci³n del proceso judicial5, en donde adem¡s de la intervenci³n de al menos algunas de las partes intervinientes en la relaci³n jur­dica, deviene imprescindible la presencia de un tercer sujeto imparcial –el ³rgano judicial? (de ah­ que sea, junto con el arbitraje uno m©todo de heterocomposici³n de los conflictos jur­dicos6) al que se reviste del suficiente poder para ser capaz de poner t©rmino a la contienda planteada conforme a Derecho7. Con ello, como explica ALVARADO VELLOSO “(…) el juez puede igualar jur­dicamente a quienes son naturalmente desiguales”8. Por tanto, tratando de conceder una respuesta a la cuesti³n que lleva por t­tulo este ep­grafe, la funci³n atribuida al juez en el seno de un proceso judicial consistir­a en juzgar las contiendas que ante ©l las partes en contienda plantearan; funci³n ©sta que, por otra parte, no creemos que plantee algºn tipo de extra±eza sobre el lector de estas l­neas, conscientes de que ©sa ser­a la respuesta natural pronunciada por cualquier sujeto no lego en Derecho si en alguna ocasi³n fuera cuestionado sobre qu© funciones son atribuidas a un juez. Pero, si en verdad se trata de determinar con exactitud las tareas que han sido asignadas a un ³rgano jurisdiccional durante el desenvolvimiento de una contienda judicial, y desde luego, siempre fundamentadas desde la ³ptica del Derecho, identificar la funci³n jurisdiccional con la ºnica relativa o destinada a poner t©rmino a los conflictos, adolecer¡ de cierta imprecisi³n. Pues, aquella respuesta no es la ºnica v¡lida y, por ello, deviene la necesidad de hacerla completar en sus justos t©rminos. En este orden de ideas, bastar¡ con acudir a la Norma Fundamental de nuestro ordenamiento jur­dico, esto es, la CE, para descifrar que, adem¡s de la obligaci³n que le compete de juzgar las situaciones controvertidas ante ©l planteadas, al ³rgano con funciones jurisdiccionales le ata±e correlativamente el deber de hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE9). Esto es, su misi³n en el proceso no se agota o no se reduce en una mera declaraci³n por la cual se venga a declarar, condenar o constituir una situaci³n jur­dica. Sino que aqu©lla se habr¡ de complementar con la no superflua y nada f¡cil, en muchos casos, tarea de ejecuci³n10, que tantos quebraderos ocasiona en todos los operadores jur­dicos, al ser fieles testigos de c³mo en muchas de las veces la ejecuci³n se convierte en un aut©ntico segundo proceso, a falta de que el cumplimiento del fallo por la persona agraviada por el mismo lo acate de manera voluntaria. En cualquier caso, por lo que ahora nos ocupa, ºnicamente nos hemos de referir a la funci³n del juez de car¡cter declarativo. Y dentro de ©sta, a la que aqu©l desempe±a en las contiendas que tienen por objeto la discusi³n de cuestiones privadas; es decir, las que se enmarcan en el procedimiento del proceso civil, para las que resultar¡ imprescindible examinar si, en lo que ata±e a esa funci³n declarativa del juez, esto es, la de emitir un fallo, el juez asume algºn otro papel durante el proceso o meramente su misi³n en el proceso es la de permanecer impasible ante las actuaciones procesales desarrolladas por cada uno de los sujetos litigantes, reserv¡ndose su campo de actuaci³n a la fase de deliberaci³n y dictado del fallo judicial correspondiente. Evidentemente, por razones temporales y de extensi³n, ºnicamente podremos reducir el estudio de examen a un campo espec­fico del Derecho Procesal Civil, y sea dicho de paso, no uno de los menos insignificantes o de nimia relevancia en la realidad. Ya que el estudio que a continuaci³n seguir¡, estar¡ exclusivamente restringido al examen de las atribuciones, si las hay, conferidas al juez en sede probatoria, siendo la instituci³n de la prueba una de las fundamentales en cualquier proceso11 por la repercusi³n que ©sta va a tener en la sentencia que ponga fin al proceso en primera instancia 1 Producci³n normativa (Derecho) que, como nos recuerda MONTN REDONDO, ha existido en todos los tiempos. MONTN REDONDO, Alberto, Introducci³n al Derecho Procesal (conceptos b¡sicos y fuentes), Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca, 1987, p. 13, “El Derecho, como producto social, ha existido en todos los tiempos. Desde el momento en que el hombre por razones ©tnicas, geogr¡ficas o de mera conveniencia comienza a relacionarse y agruparse se hace patente la necesidad de una serie de normas reguladoras de sus relaciones sociales, jur­dicas y de convivencia”. 2 MORENO CATENA, V­ctor, Introducci³n al Derecho Procesal (con: CORTS DOMNGUEZ, Valent­n), 3ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, p. 35, “La vida humana en sociedad no siempre transcurre por v­as pac­ficas, sino que las relaciones entre los diferentes miembros de una comunidad con frecuencia est¡n marcadas por la tensi³n. Los seres humanos entran en contienda con sus semejantes por las m¡s variadas razones, que van desde simples problemas derivados del car¡cter de dos sujetos, hasta disputas por el poder y la dominaci³n en un ¡mbito social o pol­tico determinado”. 3 ALVARADO VELLOSO, Adolfo, «La imparcialidad judicial y el sistema inquisitivo de juzgamiento», en: MONTERO AROCA, Juan (Coord.), Proceso civil e ideolog­a. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, p. 223, “El fen³meno de coexistencia de una pretensi³n y de una resistencia acerca de un mismo bien en el plano de la realidad social, recibe la denominaci³n de conflicto intersubjetivo de intereses”. 4 MONTORO BALLESTEROS, Alberto, «Conflicto social, derecho y proceso», en: Derecho y Proceso. Estudios Jur­dicos en honor del Prof. A. Mart­nez Bernal, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 1980, p. 483. 5 A ra­z de que, como anota RAMOS MNDEZ, Francisco, El sistema procesal espa±ol, 7ª Ed., Atelier, Barcelona, 2005, p. 59, “El Estado se ha encargado de organizar un sistema pºblico de resoluci³n de conflictos, como oferta de base para todos los ciudadanos”. 6 MORENO CATENA, V­ctor, Introducci³n…, op.cit., p. 39. 7 Por ejemplo, otros medios alternativos para la resoluci³n de litigios de forma opuesta al juicio regulado en las leyes de enjuiciamiento, ser­an, en parecer de RAMOS MNDEZ, Francisco, El sistema procesal…, op.cit., p. 41, “Bajo esta nomenclatura se comprenden instituciones heterog©neas, que no siempre tienen un desarrollo legislativo adecuado, o cuya protecci³n pr¡ctica es sumamente desigual. Entre ellas se incluyen cosas tan dispares como la negociaci³n, la integraci³n de relaciones jur­dicas por medio de terceros, la adaptaci³n de contratos, la transacci³n, la pericia t©cnica, la conciliaci³n, la mediaci³n, el mini trial, el r©fer© arbitral, el arbitraje, etc.” 8 ALVARADO VELLOSO, Adolfo, «La imparcialidad judicial…», op.cit., p. 226. 9 La dicci³n de ese precepto es la que sigue: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, segºn las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. 10 VILLAGMEZ CEBRIN, Marco, «El poder judicial», en: MORENO CATENA, V­ctor (Dir.), Manual de organizaci³n judicial, 2ª Ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005, p. 93, “La funci³n jurisdiccional comprende, pues, en primer lugar, la potestad de “juzgar”; es decir, la declaraci³n del derecho en el caso concreto. Pero su funci³n no se limita a esto sino que comprende tambi©n la ejecuci³n del derecho que ha sido jurisdiccionalmente reconocido (“iurisdictio non in sola notione consistit”). S³lo mediante la conjunci³n de ambos extremos puede configurarse en la hora presente la jurisdicci³n. Finalmente, la jurisdicci³n comprende tambi©n la potestad de asegurar la efectividad de los pronunciamientos a que, presumiblemente, se llegar¡ al t©rmino del proceso de declaraci³n”. 11 SENTS MELENDO, Santiago, La prueba. Los grandes temas del Derecho Probatorio, EJEA, Buenos Aires, 1979, p. 141, “Desde hace mucho tiempo vengo dedicando especial atenci³n a la materia de pruebas. En el campo, o en el mundo, del proceso, hay que considerarla la m¡s esencial; casi la ºnica esencial”; PRIETO-CASTRO Y FERRNDIZ, Leonardo, Derecho Procesal Civil, V. I (Conceptos generales. Procesos declarativos. Recursos), 3ª Ed., 2ª Reimp., Tecnos, Madrid, 1980, p. 133, “La prueba es un elemento fundamental en el proceso, porque, derivando de la acci³n y de las defensas y excepciones de hechos jur­dicos a los cuales la ley asocia las consecuencias jur­dicas que se persiguen (por el demandante) o se tratan de evitar (por el demandado), es necesario que tales hechos consten al Juez por convicci³n m¡s o menos intelectual, a fin de que pueda pronunciar resoluci³n conforme a ellos (que despu©s ha de tener la transcendencia inherente a la cosa juzgada)”.
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