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Acción Constitucional de Justiprecio del Cayo Levantado

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  • Autor: Natanael Mèndez Matos
  • Estado: Público
  • N° de páginas: 113
  • Tamaño: 210x297
  • Interior: Blanco y negro
  • Maquetación: Pegado
  • Acabado portada: Mate
  • Descargas: 62
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I.- El nuevo escenario jurídico impuesto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia no. TC-0194/13 de fecha 31 de octubre del año 2013, constituye una realidad que no podemos ignorar, respecto a las prohibiciones deducidas del texto de la sentencia a la juez comisoria que esta conociendo  la partición del inmueble el Cayo Levantado.

2.- El TC, puso trabas a los inversionistas extranjeros y potenciales licitadores del Cayo Levantado, prohibiendo a los particulares adquirir el inmueble, por el mismo constituir un bien que forma parte el Sistema de Àreas Protegidas del Estado Dominicano.   El TC, interpreta el criterio de importancia, trascedencia y relevancia constitucional respecto a que el artìculo 16 de la Constitución Dominicana, consagra que las Àreas Protegidas son de Dominio Pùblico del Estado, y por ende constituyen un patrimonio de todo los dominicanos.

3.- El TC, interpreta el artículo 147, numeral 12 de la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recurso Naturales, que establece que las bahías, y cayos interiores son áreas protegidas y son de dominio público del Estado.  El TC, en esa virtud, le impone una prohibición a la Magistrada Valentina Alvarado respecto a proponer la venta en pública subasta, invitando a concurso a licitadores para que adquieran por compra el inmueble el Cayo Levantado.

4.- La prohibición impuesta por el TC, respecto a los requerimientos que tiene que conocer la juez comisario, sobre el proceso de Determinación de Herederos, Partición del bien el Cayo Levantado, la juramentaciòn del perito, el justiprecio del valor real del Cayo Levantado, la apertura de la venta invitando a concurso a licitadores extranjeros y locales, la liquidación del pago de los impuestos sucesores, y otros requerimientos; en realidad, el TC, con la sentencia no. TC-0194/13 de fecha 31 de octubre del año 2013, resquebrajò el mandato que tiene la magistrada para conocer todas las cuestiones relativas al proceso de determinación de herederos y particiòn del bien el Cayo Levantado.

5.-  Forzosamente, esta realidad nos crea otro escenario jurìdico, que debemos ponderar para romper el estado de limbo jurídico del expediente que esta conociendo de nuevo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.-

6.- Ejemplo:  El TC, impone el criterio de que el Cayo Levantado no puede ser adquirido en compra por personas particulares, por ser un bien inmueble que forma parte del Sistema de Àreas Protegidas; y por ende, es de dominio público del Estado. Este criterio impuesto por el TC, frente a la magistrada, tiene su apoyo en el principio constitucional de que las decisiones del TC, son vinculantes y constituyen precedentes para todos los poderes públicos del Estado.  Los artículo 31; 48; y 100 de la Ley No. 137-11 de la ley no. LOTPC, faculta al TC, imponer su criterio respecto a la propiedad el Cayo Levantado, bajo el alegato de que el artículo 15 de la Constitución, combinado con el artículo 147, numeral 12 de la ley no. 64-00 de referencia, definen los bienes que forman parte del Sistema Nacional de Àreas Protegidas.

6.- Forzosamente, el TC, le ha impuesto a la Sucesión del Finado Andrés Trinidad Mejìa y Compartes, ejercer sus derechos al cobro del valor tasado en una demanda en justiprecio, por el procedimiento consagrado en el artìculo 51; numerales 1, 4 y 5 de la Constitución de la Repùblica.   Este procedimiento se conoce como Demanda en Justiprecio. 

7.- La ùnica forma legal viable que le queda a la Sucesión Trinidad Mejìa, de rango constitucional, es iniciar un procedimiento del cobro de sus derechos frente al Estado Dominicano; y para ello, tiene que incoar una Demanda en justiprecio del valor real de la propiedad el Cayo Levantado.

8.- Respecto a las contestaciones entre herederos que està pendiente de ser fallado por la juez comisario, seguirá tomando su curso normal; pero, respecto a la partición de Cayo Levantado, la magistrada tiene una prohibición constitucional impuesta por el TC. En esa circunstancia, nos vemos atrapados en un limbo jurídico que hay que romperlo, mediante una demanda en justiprecio en contra del Estado Dominicano, que pretende quedarse con la propiedad, alegando que es un área protegida y que constituye un patrimonio del Estado y de todos los dominicanos.

9.- El TC, ignora el Certificado de Tìtulo que ampara los derechos de la Sucesión de Andrés Trinidad Mejia..  Frente a ese hecho jurídico cierto, estamos obligados en demandar al Estado Dominicano en justiprecio para perseguir el pago total de los derechos del Cayo Levantado.

10.- En conclusiòn, debemos entender que bajo esas prohibiciones impuesta por el TC en la sentencia no. TC-0194/13 de fecha 31 de octubre del año 2013, ninguna compañìa extranjera licitarà la compra del Cayo Levantado por las limitaciones que han sido impuesta sobre el inmueble.   Esta realidad debemos asimilarla con prudencia y sabiduría.   Debemos entender esta realidad, que nos obliga ejercer las acciones legales que estàn prevista en el artìculo 51 de la Constitución del Estado que dice de la siguiente manera: Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho depropiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda personatiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

        1)  Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor,determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado deEmergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa; 

        2)  El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada;

        3)  Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica;

       4)  No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas;

       5)  Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;

      6) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienesincautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinciónde dominio, previstos en el ordenamiento jurídico. 

11.- Invito a todos los sucesores del finado Don Andrés Trinidad Mejìa, seguir unidos en la lucha para obtener la victoria final sobre el pago de sus derechos sucesorales.   El Estado Dominicano, pretende quedarse con el inmueble el Cayo Levantado, ignorando el registro de la propiedad que corresponde a la Sucesión.   La constitución en su artículo 51, nos orienta y los dice cual es el procedimiento que debemos seguir frente a la eventualidad de la expropiación virtual que ha hecho el Tribunal Constitucional del Cayo Levantado, alegando que ningún tercero, debe adquirirlo por compra. Esta realidad jurídica nos obliga cambiar de estrategia frente a la imposición del TC en el presente caso.

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