Bolonia 20 años después

La Declaración de Bolonia (1999), un texto de poco más de dos páginas, es el punto de partida de un cambio sustancial en el sistema universitario europeo, no solo en la estructura de los estudios para fomentar la movilidad y el intercambio, sino también en la concepción de la educación superior y su razón de ser. Durante veinte años, los comunicados de las reuniones bienales del Proceso de Bolonia han demostrado el compromiso con la dimensión social de la educación superior y su consideración como factor clave para la economía del conocimiento confluyendo en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

En España este proceso no ha estado exento de polémica y controversia, distorsionando el debate de fondo, con mucho ruido en determinados momentos y al ritmo de las pulsiones mediáticas. La exhaustividad del material analizado (dos décadas de debate parlamentario y diez declaraciones y comunicados) y la diversidad de las reflexiones aportadas, lejos de fijar una imagen, definir tópicos o estereotipos, pueden abrir caminos para valorar aspectos más particulares (estructura titulaciones, modelo de enseñanza, dimensión social, metodologías docentes, empleabilidad, movilidad, evaluación de la calidad y acreditación, compromiso social, político e institucional, etc.).

El debate parlamentario, lastrado por la falta de decisiones durante los primeros años (1999-2003), impregnado de intereses corporativos y resistencias al cambio cuando se impulsaron las reformas (2004-2010) y deshinchado por la falta de recursos en tiempos de crisis después de 2010, se centró más en la reforma de las titulaciones que en el modelo de educación superior y su papel en la sociedad del siglo XXI o su función en la construcción del proyecto y la ciudadanía europea. Se habló más de atribuciones que de competencias, de habilitación profesional más que de acreditación académica y de la calidad, de regulación profesional más que de empleabilidad o desarrollo personal y profesional de los estudiantes. A pesar de estas limitaciones, la necesidad y trascendencia del proceso es incuestionable tanto para el proyecto de construcción europea en unos momentos especialmente complejos, como para el futuro de las instituciones universitarias.