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Marcela Vélez, médica con estudios en Salud Pública, hace un balance de las consecuencias de la Ley 100 en Colombia.

 

A partir de los resultados del funcionamiento del Sistema General de Salud establecido en la Ley 100 de 1993, se estructura, en el presente texto, una sólida y grave crítica a dicha norma elaborada desde una concepción de carácter neoliberal.

 

Se indican, con especial énfasis, las situaciones que evidencian el déficit creciente en la cobertura del sistema, que tiene hoy a cerca de diez millones de personas por fuera de éste: el constante cierre de hospitales públicos, el precario estado de la mayoría de ellos, así como la actitud asumida por las aseguradoras de negar o eludir sus compromisos médicos y legales con los usuarios, en tanto crecen anualmente sus utilidades.

 

La falta de equidad, dice la autora, se expresa usualmente en la disposición de recursos para los distintos tratamientos: "Como si los pobres enfermaran de enfermedades que requieren menor atención y, en contraste, las enfermedades en personas de mayores ingresos requirieran más gasto para su tratamiento. No es un sistema que clasifique a sus enfermos por la complejidad de sus dolencias, sino por su capacidad de pago".

 

Así mismo, la prevención en salud y la atención a enfermedades que pueden ser controladas han decaído gravemente, y sus efectos se perciben en tanto que "a excepción de la lepra, todas las enfermedades infecciosas transmisibles han tenido una tendencia ascendente en comparación con 1996".

 

El nuevo sistema ha afectado también a los trabajadores y profesionales de la salud, muchos de los cuales han sido expulsados de sus puestos de trabajo, mientras que quienes permanecen han visto reducir sus ingresos y aumentar sus cargas laborales.

 

En definitiva, la autora propende por una propuesta de política pública esencialmente diferente, que garantice el derecho a la salud de manera universal, gratuita y eficiente, que permita a nuestro país una población bien nutrida y saludable.



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