Elecciones Generales 2026

Un prólogo debería servir para explicar por qué un libro existe y qué puede esperar de él quien lo abre. En este caso la explicación es directa: existe porque España se encuentra ante una disyuntiva que ya no admite más aplazamientos, y porque las elecciones de 2026 serán probablemente una de las últimas ocasiones en las que todavía sea posible corregir el rumbo con las herramientas ordinarias de la democracia. No escribo estas páginas para sumar un título más a la bibliografía política del momento ni para ofrecer un catálogo de agravios. Las escribo porque, después de años de observar cómo se adoptan decisiones cuyos resultados son previsibles y se niegan sistemáticamente, he llegado a la conclusión de que el silencio técnico o la distancia irónica ya no son posiciones defendibles.

Quien firma este prólogo es ingeniero de formación y de oficio. Ha calculado estructuras, ha revisado proyectos y ha comprobado, en más de una ocasión, que cuando se ignoran las cargas reales o se debilitan los apoyos esenciales, la construcción termina por mostrar grietas que ninguna capa de pintura consigue ocultar. Esa misma lógica de observación y de cálculo es la que aplica aquí a la situación de España. Los datos de fragmentación territorial, de presión migratoria irregular, de resultados educativos, de presión fiscal, de listas de espera sanitarias, de ocupación de viviendas, de sentencias que no se ejecutan y de presupuestos que financian a quienes niegan la nación que los aprueba no son opiniones. Son magnitudes. Y las magnitudes, cuando se acumulan en la misma dirección durante suficiente tiempo, indican una trayectoria. La trayectoria actual conduce a una pérdida progresiva de capacidad de acción del Estado, a una mayor desigualdad real entre ciudadanos según el territorio en el que viven y a una disminución de la cohesión que hace posible cualquier política común.

El libro que el lector tiene en las manos recoge un conjunto de medidas agrupadas por ámbitos. No pretende ser un programa electoral cerrado ni el catecismo de ninguna organización. Pretende ser un inventario razonado de lo que habría que hacer si se decidiera que España debe recuperar el control sobre sus fronteras, sobre su educación, sobre su justicia, sobre su gasto y sobre su lugar en Europa y en el mundo. Cada capítulo desarrolla propuestas concretas: desde la suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota efectiva del proyecto rupturista y la depuración de responsabilidades, hasta la reforma del sistema electoral para que el voto de cada español tenga un valor más igual; desde la deportación de quienes entran o permanecen ilegalmente y la persecución de las mafias, hasta la unificación de la tarjeta sanitaria y de la cartera de servicios; desde la rebaja de impuestos y la simplificación normativa, hasta la protección de la familia, la custodia compartida como regla general y la prohibición de los vientres de alquiler; desde el refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla y el aumento del presupuesto de Defensa, hasta la recuperación de la prevalencia de las sentencias españolas frente a revisiones externas en los delitos más graves. Todas ellas responden a problemas que ya están cuantificados. Ninguna de ellas requiere inventar un ordenamiento jurídico nuevo; la mayoría exige aplicar con voluntad el que ya existe o reformarlo en puntos precisos donde se ha demostrado insuficiente.

La razón por la que estas medidas aparecen reunidas es que los problemas a los que responden están conectados. No se puede mantener un Estado del bienestar generoso si las fronteras son permeables y las expulsiones no se ejecutan. No se puede hablar de igualdad de oportunidades si en unas comunidades el español es lengua vehicular y en otras se reduce a asignatura optativa de facto. No se puede exigir esfuerzo fiscal a los ciudadanos mientras se mantienen televisiones autonómicas, organismos duplicados y subvenciones a entidades cuyo fin es la negación de la unidad nacional. No se puede proteger a la infancia si los contenidos escolares sobre sexualidad o valores se imparten sin autorización parental expresa y si la legislación trata de forma desigual a las víctimas según su sexo. No se puede tener una justicia previsible si la ocupación de viviendas se tramita como conflicto civil durante meses, si los crímenes terroristas prescriben y si los órganos de gobierno de los jueces se designan por pactos de partidos. Y no se puede influir en Europa si se acepta un marco en el que el peso de España ha disminuido y en el que agencias y recomendaciones invaden competencias que la Constitución reserva al Estado.

Estas conexiones no son teóricas. Se observan cada día en los juzgados, en los ambulatorios, en las aulas, en las comisarías de Ceuta y Melilla, en las explotaciones agrícolas que reciben menos ayudas que los propietarios absentistas y en las empresas que calculan si les compensa seguir produciendo en España o trasladar actividad. El libro las recoge porque ignorarlas ha sido precisamente una de las causas de la situación actual. Durante años se ha gobernado como si cada problema pudiera aislarse y gestionarse con gestos, con transferencias competenciales adicionales o con financiación extraordinaria. El resultado ha sido la multiplicación de administraciones que no se coordinan, de normativas que se solapan y de incentivos que premian la fragmentación y la permanencia irregular.

El prólogo no es el lugar para desarrollar cada medida; eso corresponde a los capítulos. Sí es el lugar para aclarar el criterio que las une. Ese criterio es la recuperación de la capacidad del Estado para cumplir las funciones básicas que justifican su existencia: garantizar la seguridad interior y exterior, mantener la igualdad de los ciudadanos ante la ley, asegurar la transmisión de una lengua y de una cultura comunes, ordenar los flujos migratorios según las necesidades y la capacidad de integración del país, y crear un marco fiscal y regulatorio que no castigue sistemáticamente a quien trabaja, emprende o forma una familia. Nada de esto es incompatible con la descentralización administrativa allí donde resulta eficiente. Sí es incompatible con un modelo en el que las comunidades autónomas pueden utilizar sus competencias para construir identidades enfrentadas a la nación, en el que las fronteras se gestionan de forma que las mafias calculan con precisión los incentivos, y en el que el gasto público financia estructuras cuyo objetivo declarado es la disolución del marco constitucional.